Boletín Informativo de 10 de marzo de 2010

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"La mayoría de las personas son como alfileres: sus cabezas no son lo más importante" Jonathan Swift (1667-1745) Político y escritor irlandés

     
     
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Cerco al uso de becarios y falsos autónomos

El nuevo plan antifraude perseguirá las figuras alternativas a los contratos

     

La necesidad de cuadrar las cuentas incita a muchas empresas a buscar alternativas a la contratación de personal. Sustituir a los empleados por becarios o por falsos autónomos suelen ser las irregularidades más comunes. Hacienda y la Seguridad Social van a poner el foco en estos colectivos dentro del nuevo plan contra el fraude que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada.

El proyecto permitirá recaudar 1.000 millones de euros netos adicionales. Pero, además, ayudará a conservar otros 3.000 millones anuales que ahora se ingresan por lucha contra el fraude y que, si no se hiciera nada, se perderían en los próximos años, según explica el Ministerio de Hacienda. El motivo es el declive del sector inmobiliario, que ha proporcionado gran parte de los ingresos por el fraude estos años y que ahora languidece.

La principal novedad en cuanto a los becarios consiste en extender a la empresa privada unas inspecciones que hasta ahora se centraban en el ámbito universitario, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata de impedir que esa figura, ligada al aprendizaje, desempeñe labores estructurales dentro de las empresas.

Además de esa medida, éstas son las principales novedades del proyecto detallado ayer:

- No residentes. Hacienda sigue los pasos de contribuyentes de alto poder adquisitivo que declaran residir fuera de España para no pagar impuestos aunque su vida diaria -colegios de los hijos, actividades en el campo de golf- se desarrolla en el país. La Agencia Tributaria ya ha enviado alguno de estos casos a la fiscalía. En uno de ellos, el contribuyente, al saberse cazado, ha ingresado voluntariamente 24 millones de euros.

- El secreto del 'todo a 100'. El horario tan amplio de este tipo de locales implica que "si los trabajadores no trabajan a turnos, su jornada necesariamente ha de ser muy superior a la máxima legal", según la redacción del plan. Además, los bajos precios del textil en estas tiendas invitan a comprobar "las condiciones de trabajo de los talleres donde se confecciona", en caso de que se elaboren en España. Aunque sí se han producido inspecciones de talleres clandestinos, hasta ahora los comercios de todo a 100 apenas habían sido objeto de planes contra el fraude.

- Despedido por vacaciones. Algunas empresas dan de baja a sus trabajadores cuando llegan festivos o vacaciones para evitarse pagar la cotización correspondiente. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social investigarán las causas de la baja y, si procede, darán de alta a los trabajadores, además de reclamar a la empresa las cotizaciones defraudadas en esos periodos.

- Guarderías y centros médicos. El diagnóstico de Hacienda sobre las escuelas infantiles es rotundo. El plan habla del "escaso número de establecimientos inscritos en la Seguridad Social" y de "las frecuentes irregularidades que se cometen en materia de contratación". Con ese punto de partida, se pretende depurar el fraude en ese sector y también en los centros sanitarios privados, para "verificar el cumplimiento de las obligaciones de alta y cotización" del personal.

- Facturas falsas. Hay empresarios que emiten facturas falsas para que otros puedan deducírselas y que Hacienda les reembolse el IVA correspondiente. El ministerio quiere dar "un nuevo impulso" a la persecución de esta elusión fiscal.

     
     
       
     

Corbacho recomienda contratar planes privados de pensiones

   
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha abierto este martes un nuevo debate sobre la reforma del sistema de pensiones al recomendar a los ciudadanos que contraten planes privados de pensiones.

"Si me preguntan si es bueno tener un plan complementario de pensiones mi respuesta es que sí. Yo tengo un plan complementario desde hace muchos años", ha declarado el ministro a Telemadrid.

En su opinión "es razonable", porque "cuando uno se jubila tiene una merma de ingresos y el plan complementario cubre el 'gap' (hueco) entre el salario y la pensión que se va a recibir".

En este sentido, Corbacho ha dejado claro que un plan de pensiones es positivo para sumar recursos, pero no necesario porque vaya a existir problemas a corto plazo con las pensiones. En la misma línea, el titular de Trabajo ha defendido la propuesta de reforma del sistema de pensiones del Ejecutivo y ha afirmado que ésta se plantea a largo plazo.

Los sindicatos han mostrado su total rechazo al alargamiento de la edad de jubilación y lo han demostrado con varias manifestaciones por el país. Precisamente, este martes, el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha mostrado dispuesto a suavizar la propuesta.

'Es una obviedad'

El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha calificado de "obviedad" la recomendación del ministro de Trabajo. "El señor Corbacho ha afirmado algo que, si no le he malinterpretado, es una obviedad, y es que las personas que quieran tener más ingresos que la pensión pública, pueden contratar planes de pensiones", ha declarado Alonso en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Preguntado sobre si el grupo socialista prevé impulsar incentivos que desarrollen los planes privados de pensiones, Alonso ha asegurado que su fuerza política "apuesta al cien por cien por el sistema público de pensiones". "Consideramos que será viable y sostenible", ha agregado. No obstante, ha calificado de "decisión respetable contratar un plan privado de pensiones", pero que "corresponde a cada ciudadano a título particular".

El PP exige 'seriedad'

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado en el Congreso de los Diputados estas palabras. "Hay que exigir a este Gobierno seriedad, las declaraciones del señor Corbacho recuerdan a los peores tiempos del anterior Gobierno socialista", ha afirmado la portavoz del PP en alusión a cuando el entonces ministro de Hacienda, Pedro Solbes, hizo una recomendación similar en 1995 cuando el sistema de la Seguridad Social era deficitario.

Saénz de Santamaría ha subrayado que "el actual Gobierno empezó en 2004 criticando los planes privados de pensiones" y, en su opinión, "este tipo de manifestaciones generan alarma".

       
       
       
     

Salgado dice que los precios no absorberán todo el alza del IVA

     

Fue una de las medidas más discutidas del Gobierno cuando hizo frente a la reforma fiscal el pasado otoño, sobre todo por la repercusión que tendrá en los bolsillos. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, estimó ayer que el alza del IVA que se aplicará a partir de julio se trasladará sólo en un 50% a los precios y aseguró que en el conjunto del año esta medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la economía.

En una entrevista en Onda Cero, Salgado explicó que en otros países en los que se ha subido el IVA, como Alemania o el Reino Unido, la compra de productos duraderos, como una lavadora o un coche, se aceleró en el trimestre anterior a la subida, cayó en el trimestre de su entrada en vigor y se recuperó en el siguiente.

"En España pasará lo mismo y en la media del año [la subida del IVA] no tendrá efecto", aseguró la ministra, que rechazó la posibilidad de que el aumento vaya a ralentizar la economía a la larga, ya que, al contar con recursos adicionales, se podrán seguir pagando las prestaciones y mantener la inversión pública. "A nadie le gusta que suban los impuestos y al Gobierno le encantaría no tener que hacerlo, pero la situación económica lo exige", aseveró. Así, afirmó que el IVA es el impuesto que menos distorsiona la economía y su alza permitirá cosechar 8.000 millones adicionales al año.

Tras ser preguntada por si el repunte del IVA se mantendrá una vez se recupere la economía, Salgado se limitó a señalar que en 2013 la presión fiscal en España será del 34%, la misma que en 2004 e inferior a la de 2007 (37%).

La ministra señaló que su incremento no tendrá efectos perjudiciales en la economía porque, además, se producirá en un momento en el que los precios prácticamente no suben y en el que el ahorro de las familias ha crecido y por tanto pueden dedicarlo a consumir. "Tenemos margen", afirmó Salgado, que recordó que el aumento del IVA servirá para compensar en parte, aproximadamente en un punto, el descenso de los ingresos generados por la "burbuja" inmobiliaria.

No obstante, la mayor parte de la recuperación de la recaudación provendrá de la reactivación de la economía, consideró la ministra, quien descartó que el repunte del IVA vaya a conllevar un aumento del paro. Respecto al hecho de que la subida afectará también a los parados, Salgado dijo que aunque éstos pagarán más impuestos, podrán seguir cobrando prestaciones.

Según lo aprobado por el Ejecutivo, en julio se elevará en 2 puntos el tipo general del IVA, hasta el 18%, en tanto que el reducido aumentará un punto, hasta el 8%, y el superreducido se mantendrá en el 4%.

Se aplicará el tipo reducido a la albañilería

Los portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios expresaron ayer en el Pleno del Congreso su apoyo a la propuesta del PP de aplicar el tipo reducido del 8% del IVA a todas las obras de albañilería, fontanería, pintura, electricidad y carpintería que se lleven a cabo en viviendas, si bien el PSOE avanzó su intención de cambiar su contenido para adaptarlo a las medidas planteadas por el Gobierno para impulsar la rehabilitación.

Impuesto de Patrimonio

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció ayer que si el Gobierno hubiera podido prever la magnitud de la crisis tal vez, no habría eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio, que, una vez que se suprime, es muy difícil de reponer porque corresponde a las comunidades. En una entrevista en Onda Cero, Salgado añadió que, además, se habrían tenido que adoptar medidas "de manera más rápida" para atajar la crisis.

     
       
       
     

Portugal presenta un severo plan de ajuste contra la crisis

Prevé reducir el gasto social y militar, gravar con el 45% las rentas más altas, congelar el salario de los funcionarios, reducir su número y privatizar bienes públicos

     

El Gobierno socialista de Portugal presentó este lunes un severo plan de austeridad contra la crisis económica que prevé reducir el gasto social y militar, gravar con el 45% las rentas más altas, congelar el salario de los funcionarios, reducir su número y privatizar bienes públicos.

El primer ministro luso, José Sócrates, se reunió hoy con los partidos de oposición, que dominan el Parlamento, para explicar el plan que su Gobierno presentará a la Unión Europea en materia de Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y que aspira reducir el déficit fiscal desde el 8,3% en 2010 hasta un 2,8% en 2013.

Según explicó el ministro Finanzas portugués, Fernando Teixeira dos Santos, con las medidas contempladas, la economía lusa crecerá de forma paulatina en los próximos cuatro años entre el 0,7% previsto este ejercicio hasta el 1,7% en 2013, aunque el desempleo, ahora del 9,7%, apenas bajará al 9,3%.

Los partidos de oposición reaccionaron con silencio, frialdad o críticas al plan y el dirigente democristiano Paulo Portas dudó de que pueda impulsar la economía de Portugal, que aunque no está en la situación de Grecia -subrayó- podría sufrirla si no toma las medidas adecuadas.

Teixeira dos Santos aseguró que no se van a subir los impuestos a excepción de las rentas superiores a 150.000 euros anuales, que serán gravadas con el 45 por ciento, y anunció que también se fijará un "techo", aún no definido, a las deducciones fiscales que benefician a los contribuyentes.

Las plusvalías por las operaciones en bolsa pagarán además un impuesto del 20%, agregó el ministro en declaraciones a los periodistas.

El plan del Gobierno portugués, que debe ser respaldado en el Parlamento, aspira a que la deuda pública, uno de los problemas más graves de las finanzas nacionales, siga subiendo hasta 2012 y, tras situarse ese año en el 90,1 por ciento, baje en los dos años siguientes hasta el 89,3% en 2013.

El Ejecutivo luso obligará a las administraciones locales y regionales a tener un "endeudamiento cero" en sus cuentas y reducirá un 40 por ciento las inversiones previstas en las Fuerzas Armadas.

En el sector público se aplicará una congelación del salario de los funcionarios y se reducirá su número sustituyendo sólo una de cada dos bajas de personal que se produzcan.

En total el Gobierno socialista, que ya sufrió una huelga de funcionarios el pasado jueves, espera ahorrar el equivalente al 1% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el gasto de personal de la Administración.

Anualmente Portugal espera bajar en 100 millones de euros esos costes, que ahora suponen más del 11% del PIB y en 2013 no deben sobrepasar el 10%.

En el sector público -y las empresas estatales- no se podrán equiparar los aumentos salariales a la inflación, anunció Texeira al recordar que un 75 por ciento del gasto del Estado corresponde a costes de personal y sociales.

Junto a los ahorros previstos en su severo plan de austeridad, el Gobierno de Sócrates espera ingresar 6.000 millones de euros con la privatización de bienes y empresas públicas aún no especificadas.

Entre las medidas de ahorro también se anunció un retraso de dos años, hasta 2017, de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y la ciudad española de Vigo, vía Oporto.

El proyecto ya se consideraba sujeto a retraso desde que el año pasado, en una reunión de ministros de Portugal y España, se informó de los problemas del estudio de impacto ambiental en el tramo de Galicia, que impedían concluir la obra el mismo año que el tren de alta velocidad Lisboa-Madrid.

Manuela Ferreira Leite, la presidenta del principal partido de la oposición, el Social Demócrata (PSD, centro-derecha) no quiso pronunciarse aún sobre el plan gubernamental que fue, en cambio, muy criticado por el marxista Bloque de Izquierda por sus medidas laborales y salariales y las privatizaciones que contempla.

       
       
       
     

Las 125 medidas de la patronal para reducir las cargas administrativas





     

CEOE y Cepyme ha propuesto al Gobierno adoptar hasta 125 medidas orientadas a reducir las cargas administrativas, cuyo impacto económico sólo se ha calculado para 94 de ellas, con un ahorro para las empresas de 3. 026 millones de euros anuales, el equivalente al 0, 31% del PIB. Además, el 15% de estas medidas concentrarían el 50% del ahorro, según informa Ep.

Estas propuestas se enmarcan en el Informe 2009, correspondiente al convenio de colaboración entre CEOE-Cepyme y el Ministerio de la Presidencia, presentado hoy por la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, y el secretario general de la CEOE, José María Lacasa.

Lacasa puso en valor el efecto que estas medidas tendrían sobre la economía de las empresas, al que habría que añadir además "los ahorros simultáneos" que supondrían para las administraciones públicas.

Estas 125 medidas incluyen 44 iniciativas de carácter general, centradas entre otras en las áreas de impuestos, contratación pública y laboral y de Seguridad Social, y otras 81 referidas a ámbitos sectoriales, como el sector financiero y de la construcción.

Buena disposición de Rumí

La secretaria de Estado para la Función Pública aprovechó su primera intervención pública en el cargo para mostrar su buena disposición al diálogo con los empresarios para poder lograr una administración "más accesible y ágil". Aseguró que trabajará codo con codo con las organizaciones empresariales para reducir cargas administrativas que, en muchas ocasiones, son "redundantes, obsoletas e innecesarias", según recoge Europa Press. Ahora bien, advirtió de que "no se trata de una desregulación, sino de regular mejor". Rumí recordó que el Gobierno se ha propuesto el "ambicioso objetivo" de reducir las cargas administrativas en un 30% hasta 2012, cinco puntos porcentuales por encima del objetivo de la UE.

Hasta 100 medidas más al año

Según Lacasa, este Informe 2009 debe ser "el primer escalón en la colaboración con el Ministerio de la Presidencia". "Queremos que este proceso se consolide como mínimo hasta 2012 aportando cada año 100 medidas más", añadió. Lacasa informó de que en este ámbito de colaboración se trabajará durante 2010 en la reducción de cargas administrativas en cinco sectores estratégicos que suponen el 30% del PIB -turismo, transporte, agroalimentación, telecomunicaciones y construcción--, que se completarán con informes adicionales sobre otros 10 sectores, con la vista puesta en cerrar un informe definitivo en noviembre de este año. Éstas son algunas de las propuestas de la patronal:

Eliminar la hoja de control de clase de las autoescuelas, que deben firmar alumno y profesor, lo que supondría ahorrar anualmente 7, 3 millones de euros más los posibles 400 a 600 euros de multa que pueden derivarse de una inspección rutinaria.

Racionalizar la ficha de entrada de viajeros en hoteles, conectando los hoteles directamente con las comisarías y la Guardia Civil a través de un lector de DNI o Pasaportes, que supondría un ahorro de 40, 3 millones de euros al año.

Elevar de 3.000 a 6.000 euros el límite inferior para la presentación de operaciones con terceros a la Agencia Tributaria permitiría un ahorro anual de 235, 6 millones de euros y beneficiará singularmente a las pymes.

Suprimir la legalización previa de libros contables ante el Registro Mercantil (el recorte sería de 118,6 millones).

Racionalizar la petición de datos estadísticos por parte de la administraciones (475 millones).

Unificar los registros de licitadores en los contratos públicos (183,7 millones menos para las empresas).

Eliminar la tasa por utilización del dominio público radioeléctrico (100 millones).

Flexibilizar el régimen de revisión de los vehículos comerciales en las ITV (33,3 millones).

Simplificar la expedición de la "Tarjeta del conductor" (evitaría un gasto de 4 millones) No recabar la firma del asegurado en los seguros colectivos de vida ahorraría 35,2 millones de euros.

No recabar la firma del asegurado en los seguros colectivos de vida (ahorraría 35,2 millones de euros).

       
       
       
   

Batalla institucional ante la idea de crear un FMI a la europea

La Comisión, Merkel y Sarkozy abanderan el plan, pero el BCE lo rechaza porque sería "muy caro" y contrario a la unión monetaria
 
   
Tras semanas de incertidumbre sobre el rescate financiero de Grecia, aprovechadas en los mercados por los especuladores, Alemania, Francia y la Comisión Europea propusieron la creación de un fondo para rescatar a economías de la zona euro al borde del colapso. El nuevo organismo deberá tomar como ejemplo para la resolución de crisis al Fondo Monetario Internacional (FMI), según los defensores de la propuesta, sin embargo el Banco Central Europeo (BCE) está claramente en contra de la idea y amenaza con desatar una batalla institucional.

Horas después de conocerse el esbozo de la propuesta, que será concretada antes de que en junio termine la presidencia española de la Unión Europea, el economista jefe de la institución monetaria se desmarcó categóricamente. Sería "muy caro" y supondría "una carga para los países con finanzas públicas más sólidas", aseguró Juergen Stark. "El mecanismo no sería compatible con los principios de la unión monetaria", apostilló.

Quizás por ese motivo, la canciller alemana, Angela Merkel, es partidaria de modificar las bases de la unión monetaria, plasmadas hace casi dos décadas en el Tratado de Maastricht, para evitar que, en caso de futuras crisis como la griega, los líderes de la UE se miren unos a otros sin saber muy bien qué hacer. "Necesitamos capacidad de acción", aseguró Merkel, que considera que "los instrumentos actuales no son suficientes".

"El objetivo es que el caso griego no se repita", aseguró Amadeu Altafaj, portavoz del comisario europeo de Economía, Olli Rehn, encargado de definir una propuesta detallada. Altafaj aclaró que, en todo caso, el instrumento no llegará a tiempo para solucionar los problemas actuales que atraviesan las finanzas públicas griegas.

La meta es crear una gran reserva a nivel europeo que sólo preste dinero a cambio de reformas a países en los que refinanciar su deuda se convierta en una misión imposible, tal y como actúa en este momento el FMI.

Según el portavoz comunitario, los países que quieran servirse de ese fondo tendrán que aceptar "condiciones estrictas" a cambio. Entre ellas, la aplicación de reformas más drásticas que las que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Dos ejes

La propuesta de la Comisión se apoyará en dos ejes fundamentales: la intervención rápida, quirúrgica, sobre un país ahogado por su deuda; y la prevención de ese momento mediante controles más exigentes.

Fuentes comunitarias aseguran que hay indicadores económicos que podrían pasar a estar supervisados por las instituciones europeas. Entre ellos estarían estadísticas como las de salarios públicos o las que miden los niveles de competitividad, dos factores clave en la gestación de los problemas helenos.

Pese a la oposición del BCE, la propuesta podría salir adelante este mismo año. La Comisión Europea tiene previsto promover un primer debate, de carácter informal, en el Consejo de Ministros de Economía que en abril se celebrará en Madrid.

A preguntas de Público, una portavoz de la presidencia española de la UE aseguró que el Gobierno espera a ver "cómo se desarrolla el debate" y consideró "prematura" cualquier toma de posición.

¿Permitirá el nuevo fondo europeo neutralizar amenazas como la griega? "Sí, porque para empezar tendrá un efecto obvio sobre los mercados", asegura el economista belga y antiguo candidato a la vicepresidencia del BCE, Paul de Grauwe.

Con un FMI a la europea se zanjarían "incertidumbres como las de estas semanas y se corregirían las deficiencias del BCE, que no es apropiado por su falta de capacidad presupuestaria para tomar este tipo de decisiones de intervención", asegura De Grauwe en conversación con Público.

Para el académico, como para Bruselas, la crisis griega "paradójicamente reforzará la unión monetaria, que tiene que avanzar en su integración si quiere seguir existiendo".

Por otro lado, los ministros de Empleo de la UE aprobaron crear un nuevo instrumento financiero dotado con 100 millones de euros cuya función será dar microcréditos de hasta 25.000 euros a pequeñas empresas y a parados que deseen convertirse en autónomos o poner en marcha un pequeño negocio propio.

 
     
     
     
   

Las Cámaras creen que la banca perderá el 30% de la deuda de las inmobiliarias

Elena Salgado afirma que el Ejecutivo "no tiene previsto" ayudar a la banca si las inmobiliarias no pagan

   

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, afirmó este martes que las entidades financieras "nunca recuperarán" el 30% de la deuda que ha contraído con ellas el sector inmobiliario, y que asciende a unos 97.500 millones de euros. Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), las promotoras inmobiliarias adeudan a la banca un total de 325.000 millones de euros, de los que la mitad corresponde a préstamos para la compra de suelo. Gómez Navarro explicó en un encuentro con los medios que "será difícil" saber cuándo se recuperará el resto de la deuda.

Respecto a las pérdidas sufridas por las inmobiliarias, señaló que las promotoras "no se van a resarcir porque no están bajando los precios".

A finales del pasado enero, el presidente de la AHE, Santos González, aseguró que los bancos y cajas no tienen capacidad para asumir la deuda de las inmobiliarias, por lo que la viabilidad de este sector está en juego y pone también en peligro al sector financiero.

La ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó entonces que el Ejecutivo "no tiene previsto" ayudar a la banca si las inmobiliarias no pagan.

Al analizar la actual situación del sistema financiero español, Gómez Navarro señaló este martes que "nunca se ha querido reconocer que está tocado" e insistió en la necesidad de que se lleve a cabo "una capitalización".

Asimismo, indicó que el tiempo "se agota" para aprovechar la aprobación de Bruselas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en vigor hasta el 30 de junio.

En sus previsiones para el primer semestre de 2010, Gómez Navarro aseguró que muchos bancos "entrarán en números rojos" a causa de la caída de ingresos como consecuencia de la bajada del euribor.

Acerca de una de las medidas propuestas por el Gobierno para combatir la crisis, que contempla la posible administración por parte de un único banco de los préstamos directos del ICO a las pymes, opinó que será "difícil" porque "podría utilizarlos para sanear su propio balance financiero".

Añadió que esta medida "tiene buenas intenciones, pero problemas muy serios de articulación para conseguir que se lleve a la práctica".

Además, pidió que los créditos del ICO "se desbloqueen para dar recursos a las empresas con problemas, y no se destinen a las instituciones públicas para que compitan en el mercado interno".

Por otro lado, el presidente de las Cámaras reconoció que no es fácil evaluar el efecto que tendrá la subida del IVA anunciada por el Gobierno sobre los precios y en qué porcentaje.

En su opinión, puede tener "consecuencias muy distintas" si las empresas asumen el alza impositiva en sus márgenes o si, por el contrario, la trasladarán a los precios.

Según Gómez Navarro, "la crisis ya ha tocado fondo, pero es muy difícil predecir cuándo va a comenzar la recuperación."

También destacó que la salida de la recesión pasa por "impulsar la sociedad civil para lograr que los ciudadanos desarrollen actitudes muy activas".

Por eso defendió la campaña "Esto sólo lo arreglamos entre todos" iniciada por las Cámaras y en la que han participado 19 empresas, y que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros.

     
     
   

DISPOSICIONES DE BOLETINES OFICIALES

10 de marzo de 2010

     
   
     
   

9 DE MARZO

No hay disposiciones de interés

10 DE MARZO

Aún no se ha publicado el BOP del día

     
   
     
   

No hay disposiciones de interés

     
   
     
   

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios Colectivos de Trabajo. - Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para la industria de alimentos compuestos para animales.

Convenios Colectivos de Trabajo. - Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo del sector del corcho.

     
   
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